La denuncia permitió al juez Pascual Estevill encarcelar a varios empresarios
La sentencia considera que recurrió a la mayor red de corrupción judicial registrada en España para atemorizar a algunos de los clientes que debían dinero al banco
Aunque Zapatero le indultó en su último Consejo de Ministros, la condena le impedía, hasta la reforma que acaba de aprobar el PP, ejercer como ejecutivo bancario
La continuidad de Alfredo Sáenz como primer ejecutivo del Banco Santander se ha convertido en una cuestión de Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido modificar la leypara que la última decisión que tomó su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, se cumpla en contra, incluso, de una sentencia del Tribunal Supremo.
Todo comenzó en 1994 cuando se utilizaron datos falsos para poner a un grupo de empresarios en manos de la más siniestra red de corrupción judicial descubierta hasta el momento en España, la que dirigían en Barcelona el juez Lluís Pascual Estevill y el abogado penalista Juan Piqué Vidal. Los empresarios fueron encarcelados injustamente y, algunos de ellos, extorsionados por Estevill.
PP y PSOE se han conjurado para que ni el marco legal que regula el gobierno de las entidades de crédito ni el Poder Judicial puedan apartar a Sáenz de su cargo. De hecho, Sáenz ya debería haber sido destituido después de que el Tribunal Supremo le condenara a tres meses de arresto y tres de inhabilitación para el ejercicio de la banca por un delito de acusación y denuncia falsa. Así, sin especificar que las víctimas de los delitos de Sáenz acabaron en manos de Estevill.
El Tribunal Supremo confirmó parcialmente la sentencia emitida un año antes por la Audiencia de Barcelona, que condenó a Sáenz a seis meses de prisión y seis de inhabilitación. El procedimiento se inició por una querella presentada por los empresarios afectados: Pedro Olabarría, los hermanos Juan Ignacio y Luis Fernando Romero y el hombre de confianza del grupo, Modesto González Mestres.
La Fiscalía Anticorrupción, que desarticuló la trama de Estevill y de Piqué, se personó como acusación contra Sáenz y sus subordinados de Barcelona, que fueron los encargados de presentar la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría y los hermanos Romero. En ese procedimiento, el representante de la Fiscalía Anticorrupción fue el fallecido David Martínez Madero, que más tarde sería nombrado por el Parlament de Catalunya primer director de la Oficina Antifrau.
Ambos fallos también consideraban que los principales instigadores de la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría fueron el entonces director general de Banesto para Cataluña y Baleares, Miguel Ángel Calama, y el abogado del banco, Rafael Jiménez de Parga, amigo del juez Pascual Estevill.
