lunes, 14 de octubre de 2013

Las denuncias por facturas falsas ponen a UGT Andalucía contra las cuerdas

El sindicato ha devuelto a la Junta 25.000 euros por cobros indebidos aunque niega la existencia de cuentas infladas 
Comilona y barra libre en la feria como gastos de negociación colectiva, maletas para los afiliados con cargo a un programa para desempleados, gastos de VISA por medio millón de euros en pleno reajuste de plantilla. Las anomalías contables empiezan a pasar factura a la federación andaluza de UGT, cuyas cuentas están siendo examinadas con lupa en los tribunales. Primero fue la juez del 'caso ERE', quien no duda en hablar de supuesta financiación irregular con las comisiones cobradas por tramitar prejubilaciones. Pero la espita la han abierto las denuncias sobre el pago de gastos internos con fondos para formación de los trabajadores. El sindicato niega las acusaciones y habla de «interpretaciones contables», pero lo cierto es que la Junta ya ha reconocido 25.000 euros en cobros «indebidos».
Desde la nueva dirección del sindicato lamentan que en los tres meses que llevan al frente, han tenido poco tiempo para dedicarse realmente a la defensa de los trabajadores, centrados como están en la suya propia. Sin ir más lejos, el mismo día que tenían que presentar los resultados de la investigación contable interna les sacudía la detención del secretario de Cádiz por su relación con la trama de los ERE.
Este caso fue el que hizo saltar las alarmas el pasado mes de marzo, cuando la operación policial que investigaba el pago de sobrecomisiones a las mediadoras que tramitaron las prejubilaciones pagadas por la Junta desveló que parte del dinero, unos 7,6 millones según la juez Mercedes Alaya, se desvió hacia los «entornos sindicales» de CCOO y UGT. El papel de los sindicatos dio pie a una nueva línea de investigación en la causa de los ERE, materializada en las detenciones de tres dirigentes sindicales el pasado martes.
Facturas manipuladas
Con los sindicatos ya en entredicho, y en medio de lo que consideran una campaña de criminalización de los sindicatos de clase, UGT Andalucía abrió un agrio proceso de reestructuración de la plantilla que ha sido llevado incluso a los tribunales.
Casi al mismo tiempo, medios de comunicación empezaron a publicar facturas supuestamente manipuladas para justificar gastos con coste a los programas de formación de parados, que han sido la base para la querella presentada por el sindicato Manos Limpias por malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida. Las informaciones apuntan que se usaron esos fondos para pagar publicidad y pancartas de la huelga general del 2010, e incluso labores de mantenimiento y limpieza de las sedes.
Las denuncias se suceden en cascada desde entonces, y algunas de ellas han recaído en la propia juez Alaya al entender ésta que formarían parte de esa financiación irregular. Hay casos sonrojantes, como el convite para 1.600 mujeres por el Día de la Mujer Trabajadora facturado como «reuniones de los órganos de participación», o la comida en la Feria de Abril del 2010 colada como gastos de representación en la negociación colectiva. También una opípara comida -marisco incluido- por Navidad a 100 euros el cubierto revestida ante la Junta como «acto de difusión VII acuerdo de concertación social».
Otros casos conocidos hacen hincapié además en el inflado o la falsificación de facturas con proveedores habituales para generar así un 'bote' con la diferencia del gasto cobrado a la administración, en ocasiones el triple del coste real del servicio. El sindicato niega tajantemente estos hechos, especialmente las mariscadas, aunque en privado insiste en que de ser ciertos «son indefendibles». Y habla de «interpretaciones» o «discrepancias contables» habituales en cualquier empresa y que se van compensando a medida que la administración paga las subvenciones.
«Hasta hoy no se ha detectado ninguna actuación que suponga desvío de fondos, contabilidad B, ocultación, enriquecimiento de nadie y menos aún saqueo, fraude o malversación», subrayó esta semana el secretario general Francisco Fernández, quien calificó de «falsas y tendenciosas» las acusaciones publicadas en prensa, aunque sin concretar cuales ni facilitar quienes conformaron la auditoría interna o las conclusiones de la misma. Pero no será tan sencillo acallar las críticas. De hecho, la Junta de Andalucía también abrió una investigación interna para revisar las facturas pagadas al sindicato en diversas consejerías.
Y ha sido la propia presidenta regional, Susana Díaz, quien anunció casi al mismo tiempo que Fernández negaba las acusaciones, que se han reintegrado 25.000 euros por gastos cobrados indebidamente. Entre ellos, la comida de la feria o la organización de una asamblea facturada en el programa de publicidad de asistencia jurídica para trabajadoras discriminadas. Y no parará ahí. El Ejecutivo avisa que recuperarán hasta el último euro, e incluso no descarta emprender acciones legales

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